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Al Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, que someta a deliberación lo más pronto posible, el Decreto Legislativo N° 54-2009, y que el pleno actúe en consonancia con los mandatos de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República, no ratificando el decreto.
Al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer, que asuman una postura pública de defensa a los derechos de las mujeres a informarse, acceder y hacer uso de la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a sus mandatos institucionales.
A la Secretaría de Salud, que derogue el Acuerdo Ejecutivo N° 2744 que prohíbe el uso de las PAE, emitido ilegalmente por un régimen de facto, contrario a políticas públicas nacionales y a opiniones, recomendaciones y mandatos de distintas instancias internacionales…
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